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Guatemala: preso exfiscal que llevó a juicio a exdictador

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El Ministerio Público guatemalteco informó el jueves que detuvo por presunto abuso de autoridad al exfiscal Orlando Salvador López, quien llevó a juicio al exdictador José Efraín Ríos Montt por el genocidio de una población indígena durante su gobierno de facto de 1982 a 1983.

Según la fiscalía de Asuntos Internos, durante el año 2019 López ejerció la profesión de abogado y notario a sabiendas de que tenía incompatibilidad con su labor como empleado de la fiscalía.

López llevó a juicio al exdictador por la muerte de 1.771 indígenas ixiles a manos de soldados durante del ejército que estaba bajo su mando su gobierno de facto en medio de la guerra civil en Guatemala entre 1960 y 1996.

En mayo de 2013 Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión por genocidio, pero 10 días después la sentencia fue anulada por la Corte de Constitucionalidad aduciendo fallas en el debido proceso. Ríos Montt murió en abril de 2018 en proceso de ser juzgado por crímenes de guerra.

López también llevó a juicio a varios exmilitares en el denominado caso CREOMPAZ sobre un destacamento militar en el que se localizaron cientos de osamentas de detenidos desaparecidos durante la guerra.

Juan Pappier, subdirector interino de Human Rights Watch para las Américas, calificó de “grave” la detención de López.

“Su detención forma parte de un patrón de persecución en contra de fiscales y jueces que investigan la corrupción y violaciones de DDHH en el país”, señalado.

El juez Miguel Ángel Gálvez -que envió un juicio al exdictador- está exiliado desde el año pasado luego de denunciar una persecución en su contra por los casos de delitos de lesa humanidad que conoció.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado que desde hace un par de años las investigaciones, así como los procesos por crímenes de guerra, se han paralizado a consecuencia de la inacción de la fiscalía.

Al menos 30 funcionarios de la justicia guatemalteca -entre jueces, magistrados y fiscales- tuvieron que exiliarse durante el gobierno de Alejandro Giammattei, desde 2021, denunciando criminalización y persecución por su investigación de casos de corrupción y crímenes de guerra.

Los operadores de justicia han denunciado que la fiscal general Consuelo Porras encabeza la criminalización contra ellos. Porras ha negado las sospechas.

Estados Unidos sancionó en 2021 a Porras ya su secretario y mano derecha Ángel Pineda, retirándoles la visa de entrada a ese país, por obstruir investigaciones anticorrupción y socavar la democracia guatemalteca.

Fuente: Associated Press

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